Han tramitado ayudas a la
vivienda, planes urbanísticos y desempeñado funciones propias del funcionario, solo que sin la garantía de objetividad e
imparcialidad propia de los empleados públicos. “Han externalizado o privatizado funciones públicas para conseguir
[supuestamente] decisiones a medida del poder”, dijo ayer contundente uno de los miembros de la Junta de Personal de
Servicios Centrales de la Generalitat. Los sindicatos UGT, CC OO, Intersindical, CGT y CSIF, con representación en la
junta, anunciaron que denunciarán al Tribunal de Cuentas —lo harán a lo largo de la semana— la contratación supuestamente
irregular de la Consejería de Medio Ambiente de empresas y falsos autónomos en la empresa pública Vaersa.
Los sindicatos entienden que esta práctica, que vienen
denunciando desde 2004 y que ha sido ratificada por informes de la Inspección de Trabajo y de la Intervención de la
Generalitat, puede significar el posible desvío de fondos públicos y por eso pedirán que se investigue. Los sindicatos
estiman el sobrecoste en el que ha incurrido la Generalitat por la encomienda de Medio Ambiente a Vaersa en un
26%.
El pasado mes de septiembre, recordó el presidente
de la Junta de personal, Adel Francés (Intersindical), denunciaron ante la Inspección de Servicios “graves irregularidades”
en la contratación de empresas y falsos autónomos. “Éstas han tenido especial incidencia en la Consejería de Medio Ambiente
y Territorio, por la que han pasado Rafael Blasco, José Ramón García Antón, Esteban González Pons y Juan Cotino”, agregó el
vicepresidente de la Junta, Toni Calderón (UGT).
Según
Francés y Calderón, esta práctica se ha extendido en el tiempo y ha afectado a otras consejerías y departamentos de la
Generalitat. En 2005 estimaron en que la Generalitat se beneficiaba de entre 1.600 y 1.800 contrataciones supuestamente
fraudulentas. Otros departamentos han caído en la misma práctica.
La denuncia de los sindicatos viene avalada por informes emitidos por departamentos de la Generalitat. La
Subdirección General de Atención al Ciudadano sacó un informe tras la denuncia de los sindicatos de la función pública en
la que pedía a la Consejería de Medio Ambiente que corrigiera y revisara estos encargos para que los trabajadores de la
empresa pública Vaersa no desarrollaran tareas de los funcionarios de la propia consejería. El informe lo solicitó el
diputado Ignacio Blanco, de EU.
El documento advertía
además que estas contrataciones podían interpretarse como “cesión ilegal de mano de obra” e instaron a que no se
repitiesen. La Junta de Personal ha ido reuniendo sentencias judiciales que les daban la razón. Un segundo informe, el de
la Viceintervención General de Control Financiero de la Generalitat, puso sobre la mesa “numerosas evidencias de
incumplimiento de la ley”. Estos papeles ponen de manifiesto que en las direcciones generales que tienen encomiendas de
gestión solo el 21% del personal era funcionario y el 79% procedía de Vaersa, “la mayoría seleccionado sin atender a
principios de igualdad, mérito, capacidad y publicidad”.
La consejería contestó entonces al informe de la Inspección de Servicios que era consciente de lo inadecuado
del sistema actual pero lo justificó por el aumento de la carga de trabajo y la carencia de personal funcionario
propio.