Un tribunal de segunda instancia ha rebajado las penas de siete trabajadores y absuelto a otro acusados de la retención de dos directivos de Goodyear en 2014 y de «violencia en grupo» en el marco de su lucha contra el cierre de la fábrica.
Los trabajadores de la empresa francesa de neumáticos Goodyear en Amiens, que retuvieron durante 30 horas a dos directivos de la empresa en enero de 2014 durante unas protestas contra el cierre de la fábrica, no irán a prisión. La sentencia fue hecha pública ayer, 11 de enero, por el tribunal de segunda instancia de Amiens, que respondían al recurso presentado después de una primera sentencia, en enero de 2016, que establecía penas de 24 meses de prisión, nueve de ellos de prisión firme, contra los ocho trabajadores juzgados.
En esta última sentencia se rebajan las penas de todos los trabajadores acusados. Cuatro de ellos han sido considerados culpables de “retención” y condenados a 12 meses de prisión con remisión condicional de la pena, es decir, no deberán cumplir cárcel, y han sido absueltos del delito de “violencia en grupo”. Otros tres trabajadores han sido absueltos del delito de “retención” y han sido condenados a dos y tres meses con remisión de la pena por “violencia en grupo”. Y el octavo ha sido absuelto de todos los cargos. El abogado de los trabajadores, de los que cinco pertenecen a la CGT, ha anunciado que presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo francés con el objetivo de lograr la “absolución para todos los militantes sindicales juzgados”.
Tras las primeras condenas en enero de 2016 se produjeron grandes manifestaciones en Amiens y otras localidades en apoyo a los trabajadores, y la CGT calificó la condena como una “criminalización de la acción sindical”. Además, 170.000 personas firmaron una petición para su absolución. Las manifestaciones de apoyo se repitieron durante su comparecencia en octubre ante el tribunal de segunda instancia.
El 6 y 7 de enero de 2014, el director de recursos humanos y el director de producción de la empresa fueron retenidos sin violencia por los trabajadores en las instalaciones de la empresa después de haber anunciado el cierre total, lo que supondría la pérdida de empleo para 1.143 asalariados, que llevaban siete años luchando contra los despidos y el cierre. Finalmente, los trabajadores no pudieron impedir el cierre, que se produjo ese mismo año. Tras los hechos de 2014, los directivos y la empresa presentaron una denuncia, pero la retiraron posteriormente. Sin embargo, la Fiscalía siguió adelante con sus acusaciones y la petición de prisión firme, una petición que rebajó durante el segundo juicio, cuyo veredicto se pronunció ayer.
Fuente Periodico Diagonal