Decenas de activistas, académicos y cargos políticos firman un manifiesto contra la deriva represiva de los Gobiernos europeos y a favor de los derechos civiles.
Por un blindaje de los derechos civiles –una condición imprescindible para la democracia– y ante la preocupación por la deriva autoritaria que se extiende como una mancha de aceite desde Varsovia a Madrid, decenas de activistas, académicos y cargos electos, encabezados por el filósofo estadounidense Noam Chomsky, el italiano Toni Negri y el fundador de la New Left Review, Tariq Ali, han presentado esta mañana un manifiesto «Por las libertades civiles en España y en Europa».
La primera de estas demandas es la derogación en España de la Ley Mordaza y aquellas leyes que violen los derechos de libertad de expresión, manifestación, asociación y reunión. La segunda es «La garantía plena del derecho de huelga, lo que supone la derogación del artículo 315.3 del Código Penal reconocido como “delito de coacción a la huelga”, que ha sido utilizado contra la movilización de los trabajadores», en este sentido, las firmantes del manifiesto consideran que el caso de los «8 de airbus» es «todo un sumario político contra el derecho de huelga».
En último lugar, entre las exigencias de las decenas de firmantes, está la supresión de un «tribunal de excepción» como la Audiencia Nacional. Esta corte ha vuelto a ser foco de polémica tras la decisión de decretar prisión preventiva sin fianza contra dos titiriteros que fueron acusados de un delito de enaltecimiento del terrorismo. El manifiesto señala que «los sucesivos cambios del Código Penal y el uso político de la judicatura han ido haciendo una interpretación cada vez más restrictiva de las libertades fundamentales».
Los ejemplos de la realidad española, como las referencias al caso de los titiriteros, no restan alcance a un manifiesto que, además de las firmas de Chomsky, Negri o Ali, cuenta con el apoyo de otras figuras del pensamiento y el activismo europeos. Desde este punto de vista, se denuncia una tendencia creciente en todos los países europeos hacia la creación de un «enemigo interno» y la extensión de un discurso securitario basado en la «guerra contra el terror»: «Prueba de esta tendencia es la cruel indiferencia, cuando no la obvia criminalización, con la que los Estados europeos tratan a las poblaciones africanas y de Medio Oriente, que huyen de conflictos en los que la Unión parece tener no poca responsabilidad».
«La austeridad no ha conducido a la prometida recuperación del crecimiento», valoran los firmantes. Ese estancamiento económico ha llevado a los Gobiernos europeos a optar por una salida represiva, de limitación de derechos civiles que parecían arraigados en las sociedades del continente. Para los firmantes, «Enfrentada a la crisis más severa de su historia reciente, [Europa] ha elegido el peor de los caminos, emprendiendo políticas que creíamos erradicadas».
El manifiesto puede ser firmado por cualquier persona en la web www.porlaslibertadesciviles.org
Por las libertades civiles en España y en Europa
Por la libertad sin cargos de los titiriteros
Europa marcha hacia su decadencia. El continente que pretendió emerger de la posguerra como garante de las libertades y derechos civiles, se está hundiendo en la naturalización de la barbarie y en el vacío de una forma de gobierno crecientemente autoritaria. Enfrentada a la crisis más severa de su historia reciente, ha elegido el peor de los caminos, emprendiendo políticas que creíamos erradicadas.
En términos económicos, la austeridad no ha conducido a la prometida recuperación del crecimiento. Antes bien, parece que nos veremos obligados a atravesar un largo periodo de estancamiento, de crecimiento de las desigualdades y de concentración de la riqueza. A su vez y ante el creciente descontento interno, muchos países de la Unión han apostado por una política desinhibidamente represiva. Así se observa en la reducción de la tolerancia institucional hacia la protesta, en la construcción recurrente de la figura del “enemigo interno” y en la centralidad de la “guerra contra el terror” como sustituto del principio legítimo del derecho a la seguridad. Prueba de esta tendencia es la cruel indiferencia, cuando no la obvia criminalización, con la que los Estados europeos tratan a las poblaciones africanas y de Medio Oriente, que huyen de conflictos en los que la Unión parece tener no poca responsabilidad.
Hasta la propia Francia, en otro tiempo formidable espacio de conquista de libertades y derechos, ha devenido laboratorio de un nuevo modelo dirigido a limitar las libertades civiles. Ante el avance de la extrema derecha interna y los atentados del islamismo radical, un gobierno socialdemócrata se ha arrimado al carro del gobierno securitario y el Estado de emergencia. Otro tanto ha sucedido en Bélgica. Y ejemplos de gobiernos aún más radicalizados (para lo peor) los encontramos en países de Europa del este como Polonia.
España no ha quedado al margen de esta siniestra tendencia a la restricción de derechos y libertades. Aunque las libertades civiles fueron quizás la parte más reconocida y desarrollada en el capítulo segundo de nuestra Constitución, los sucesivos cambios del Código Penal y el uso político de la judicatura han ido haciendo una interpretación cada vez más restrictiva de las libertades fundamentales. Así lo hemos visto estos días, con la declaración en la Audiencia Nacional y la prisión preventiva de dos titiriteros por el simple hecho de interpretar una obra de ficción en la calle. También, en fechas recientes, hemos asistido a la celebración del juicio a los “8 de Airbus”, todo un sumario político contra el derecho de huelga y que afecta a los cerca de trescientos encausados por este motivo.
Son simplemente dos casos que se suman a sucesivos cambios de la legislación, como la reciente ley de seguridad ciudadana, también llamada “Ley Mordaza”, que permite los “registros preventivos”, blinda la autoridad policial frente a la palabra de los encausados y generaliza las multas para hechos no tipificados con contenidos claros, permitiendo el arbitrio y la discrecionalidad. Esta ley constituye la última de las modificaciones punitivas y restrictivas de derechos realizadas, y se añade a sucesivas modificaciones del Código Penal.
Conscientes de que sin derechos civiles no existe siquiera el basamento mínimo de una democracia, y ante la preocupación por la rápida involución hacia el autoritarismo en muchos países de la Unión, los abajo firmantes exigimos a nuestros representantes políticos en Europa que trabajen por el reconocimiento y ampliación del derecho europeo al asilo y que se establezca algún tipo de carta que, a nivel continental, blinde los derechos civiles.
En la misma línea, pero en relación con la legislación y la arquitectura institucional española, exigimos:
- La inviolabilidad efectiva de los derechos de libertad de expresión, manifestación, asociación y reunión. Esto implica la derogación de la Ley Mordaza, así como de todas las formas de represión burocrática para hechos que no constituyen claros comportamientos sancionables.
- La garantía plena del derecho de huelga, lo que supone la derogación del artículo 315.3 del Código Penal reconocido como “delito de coacción a la huelga”, que ha sido utilizado contra la movilización de los trabajadores.
- La independencia efectiva de la judicatura de intereses políticos y económicos, y la plena garantía del derecho a la Justicia. Dentro de este capítulo cabe considerar la reforma o liquidación de la Audiencia Nacional, que actúa a los efectos como un tribunal de excepción.