Un nuevo incremento que ahoga aún más a las familias españolas. Así califica ADICAE la decisión por la que el pleno del Congreso, reunido en sesión extraordinaria, convalidó el pasado 21 de enero el decreto ley que determina el precio de la energía eléctrica en los contratos sujetos al precio voluntario para el pequeño consumidor durante el primer trimestre de 2014. La subida marca un alza efectiva del 2,3% para los tres primeros meses del año.
Según cálculos de ADICAE, entre 2009 y finales de 2013 la factura media de los hogares se ha encarecido en 20 euros, al tiempo que la renta media, en el mismo periodo, ha caído un 10%. El propio Ministerio de Industria confirma que el recibo se ha disparado nada menos que un 72% en los últimos diez años, pasando de los 35 euros mensuales en 2009 a 45 euros en 2013.
Unas cifras desorbitantes que han traído consigo el fenómeno conocido como ‘pobreza energética’: hogares que, por falta de ingresos, no son capaces de mantener sus casas en condiciones térmicas adecuadas. En 2013 casi un millón y medio de consumidores se quedaron sin luz por no poder pagar la factura.
Además las buenas intenciones del Ministerio de José Manuel Soria con la cancelación de la subasta, y con la posterior investigación, quedan en prácticamente nada, cortocircuitando el Ministerio cualquier posibilidad de reforma eficiente, equilibrada y justa para los ciudadanos.
Primeras manifestaciones en España por una luz a precio justo
Ante esta situación ADICAE ha impulsado, junto a por el momento 21 organizaciones sociales (aunque continúa recibiendo apoyos de organizaciones que se adhieren a estas acciones reivindicativas), una batería de movilizaciones para el próximo sábado 1 de febrero en toda España, bajo el lema ‘Luz a precio justo’, en las que están llamadas a participar miles de familias, con sus economías ahogadas.
Organizaciones como Attac, Ben Magec, Ecologistas en Acción, Som Energía, la Cumbre Social Vasca y Aragonesa, Marea Ciudadana, Asociaciones de Vecinos, la Plataforma por un Nuevo Modelo Energético, la Plataforma Cantabria por lo Público, Cáritas o la Coordinadora d´Usuaris de la Sanitat, Salut, Consum i Alimentació (CUS), entre otras muchas, han confirmado en diferentes provincias su apoyo y respaldo a esta convocatoria, que en diversos lugares se realiza conjuntamente con varias de estas organizaciones.
De igual forma asociaciones de consumidores como la Unió de Consumidors de Catalunya, la Federació Unió Cívica de Consumidors i Mestresses de Casa de Catalunya, la Organització de Consumidors i Usuaris de Catalunya, la Associació de Consumidors de la Provincia de Barcelona, la Unión de Consumidores de Cantabria, la Asociación Araccua, o Fecave, entre otras, han expresado su respaldo a las convocatorias de sus respectivos ámbitos en clara demostración de la injusticia eléctrica que están sufriendo los consumidores.
La campaña ‘Di NO a esta reforma eléctrica’ impulsada por ADICAE y que ha precedido a esta convocatoria ha permitido a más de 7.000 consumidores dirigir una carta al ministro de Industria, en la que se denunciaba el abuso flagrante y continuado del sector a sus clientes.
ADICAE lleva varios meses trabajando con expertos y organizaciones vinculadas con la energía y el consumo energético para elaborar una propuesta completa de reforma, plasmada en un ‘Documento de propuestas de mejora del mercado eléctrico’ que defienda los intereses de los consumidores en varios puntos esenciales. El primero de ellos es la desaparición del sistema de subastas CESUR, culpable del continuo encarecimiento de la luz.
La forma más justa para los consumidores sería que las eléctricas cobrasen las facturas a precio de ‘tiempo real’. La implantación de contadores electrónicos, que se va a completar en los próximos años, debería ser una oportunidad para desarrollar un sistema de facturación real mensual, que permita un mejor control por parte de los consumidores. Esta medida, además, permitiría calcular el importe facturado en función del uso real, no del máximo contratado, que debería ser variable.
En cuanto al déficit de tarifa, que ya ronda los 30.000 millones de euros, se impone una auditoría que aclare los conceptos de esta deuda y establezca qué parte es legítima. El sector alega que los costes han sido mayores que los ingresos, pero muchos de esos gastos podrían ponerse en duda. Por ejemplo, las ayudas a fuentes emisoras de CO2 como carbón y gas natural, la anulación anticipada de los Costes de Transición a la Competencia, los ingentes beneficios de centrales hidroeléctricas y nucleares que ya están amortizadas, o los mercados de futuros donde las entidades financieras obtienen cuantiosos dividendos (subastas CESUR).
ADICAE considera que debe mantenerse la Tarifa de Último Recurso (ahora Precio Voluntario al Consumidor). Fijar el límite de acceso a la TUR por debajo del actual (10 Kw) sería un grave perjuicio para millones de consumidores. Cualquier variación en la tarifa TUR deberá tener como factores de corrección indicadores socioeconómicos de las familias. Es también fundamental la rebaja del IVA del 21% al 4%, al ser la electricidad un servicio básico. Asimismo, debe mantenerse el bono social para los consumidores en situación más precaria, con criterios de acceso en función de las condiciones socioeconómicas de los consumidores.
VALENCIA
Acción: Concentración
Lugar: Plaza del Ayuntamiento
Hora: 11:00h