Mercadona acosa a su plantilla con el conocido Método Mercadona. Las evaluaciones constantes para demostrar fidelidad a la empresa como requisito imprescindible par acceder a la paga anual de beneficios, la obligatoriedad de acudir a los médicos de la empresa en caso de enfermedad, que intentan convencer a los y las trabajadoras para que cojan días de descanso en lugar de la correspondiente baja y el sistema de organización del trabajo que obliga a las trabajadoras y trabajadores a atosigar a los clientes para que consuman productos perecederos son las prinicpales herramientas de presión que utiliza esta cadena de distribución alimentaria.
A esta política de acoso hay que añadir una fuerte represión sindical. Cualquier trabajador o trabajadora que pretenda denunciar o cuestionar las mencionadas prácticas es apartado y si es necesario despedido. Eso es lo que le ha ocurrido a Francisco Enrique Martínez, delegado de la sección sindical de CGT en Mercadona de Málaga, que a los 10 días de constituir la CGT en dicha empresa recibe una carta de despido.
Pero Mercadona no solo acosa hacia dentro, sino que también mantiene políticas parecidas hacia afuera de la empresa. Mercadona, junto con otras grandes empresas de distribución como El Corte Inglés, Coca Cola, Caprabo, Fnac, Carrefour o Mango están detrás de la nueva reforma del código penal.
Estas grandes empresas y otras más relacionadas con la distribución están organizadas en la Asociación Española de Codificación Comercial (AECOC), asociación que ha realizado presiones políticas para que la legislación, en materia de seguridad, se adapte a sus intereses. Según el periódico La Marea, durante 2012 la AECOC mantuvo reuniones con las direcciones generales de los Mossos d’Escuadra, Guardia Civil y Cuerpo Nacional de Policía para explicar la labor que está haciendo su Comité de Prevención de Pérdidas y para establecer vínculos de participación entre la esfera pública y privada, en lo que a seguridad se refiere.
Así varias reformas legales han seguido las indicaciones Juan Roig, dueño de Mercadona, y otros empresarios del sector. La reforma del Código Penal, que ha convertido el hurto en delito; la ley de Seguridad Privada, que atribuye mayores poderes a los vigilantes concediéndoles estatus de autoridad y la ley de Seguridad Ciudadana, que penaliza desobedecer a dicha autoridad son claros ejemplos.
AECOC recoge en su memoria anual como éxito la inclusión del hurto como delito en el Código Penal: “AECOC consigue trasladar para que sean recogidas en el Anteproyecto de Reforma con el fin de conseguir un endurecimiento de las penas por este tipo de acciones…..”
Así, mediante la presión de este lobby, del que Mercadona forma parte, un vigilante jurado podrá detener, cachear e identificar a una persona sospechosa de sustraer una barra de pan y si se niega podrá ser sancionada con multas de 1.000 a 30.000 euros.
Todo esto en un estado de precariedad laboral y social sin precedentes en los últimos tiempos. Cuando las cifras de pobreza no termina de tocar techo y los niveles de corrupción alcanzan dimensiones oceánicas, estos grupos de presión, verdaderos culpables de la crisis son los consejeros de un gobierno ciego y sordo que no atiende a las demandas de la población.
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