Cerca de 3.000 familias en la Comunitat Valenciana pueden perder su casa durante las próximas semanas, si no se amplía y mejora la moratoria hipotecaria, por la que se suspende de forma temporal los pagos de la hipoteca de una vivienda y que, tras su aprobación en 2012, se prorrogó hasta cumplir los once años.
Por ese motivo, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en València pide al Gobierno central que busque una solución definitiva para paralizar los casi 30.000 desahucios que se podrían producir en España antes de la fecha de caducidad de la moratoria hipotecaria, que será el próximo 15 de mayo.
Uno de los portavoces de la PAH en València, José Luis González, explica que la plataforma lleva meses tratando de averiguar sin éxito el número exacto de familias afectadas por la caducidad de esta moratoria. González lamenta que ni los ministerios de Economía y Justicia, así como tampoco la Secretaría de Vivienda lo han aclarado, por lo que las cifras que manejan son las publicadas en septiembre de 2017 por el Ministerio de Economía.
Estos datos muestran que, a nivel estatal, los afectados ascienden a 27.600 familias y, en el caso de la Comunitat Valenciana, son 2.700. En cualquier caso, González advierte que, de no encontrar una solución, todas ellas quedarían en situación de desamparo y se produciría «una cascada de desahucios».
El portavoz de la PAH en València recuerda que la ampliación y la mejora de esta moratoria se planteó en una reunión mantenida el pasado mes de diciembre con la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, que aceptó estudiar la propuesta. Pero, González lamenta que el tema no ha ido a más y, por ello, han trasladado su petición a otros partidos políticos como Podemos -que exigió la publicación de la moratoria hipotecaria para aprobar los decretos anticrisis del Gobierno-, quienes les han asegurado que la debatirán específicamente en el Congreso.
En concreto, la PAH exige que la moratoria se amplíe de forma urgente cuatro años más y plantea dos vías de acción: que se facilite a las familias la propiedad definitiva de las viviendas mediante el «derecho de tanteo y retracto» o que el Gobierno las convierta en parque público, negociando un precio nunca superior por el que se adquirieron.
Desde la plataforma, esperan que estas peticiones se materialicen antes del 15 de mayo o, de lo contrario, González advierte que la campaña de sensibilización a través de redes sociales y movilizaciones a pie de calle, que ya se ha producido en varios puntos del país los últimos días, se recrudecerá. El portavoz asegura que se trata de una «cuestión de guerra» para la PAH, que evitará por todos los medios que se produzca una situación similar a la crisis inmobiliaria del 2008.
