Desde hace meses estamos asistiendo a decisiones del Gobierno, tanto central
como autonómicos, que tienen como objetivo la liquidación de servicios públicos esenciales en la sociedad. Así ocurre con la
privatización de la sanidad o la educación y, en estos momentos, con las Radio Televisiones Públicas, auspiciada por el
cambio legislativo del actual gobierno, que supuso la modificación de la Ley General de la Comunicación Audiovisual,
abriendo las puertas a la gestión privada.