El
Reglamento aprobado es el desarrollo de la última reforma de la Ley de Extranjería, una reforma llevada a cabo en diciembre
de 2009 y que supuso una de las mayores restricciones de derechos a la población migrante de la historia. Cabe recordar que
la reforma suponía la limitación del derecho a la reagrupación familiar, el
aumento del tiempo
de reclusión en los Centros de Internamiento, el grave endurecimiento de las condiciones de acceso a la justicia gratuita o
el incremento del régimen sancionador. Ahora el Reglamento no hace sino apuntalar estas restricciones de derechos operadas
en la última reforma.
aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y Libertades de los extranjeros en España, conocido
comúnmente como Reglamento de Extranjería, entró en vigor el pasado 30 de junio.
El Reglamento es muy confuso y
complejo: 266 artículos, 101 más que el anterior y 25 disposiciones adicionales dan cuenta de su extensión. Este hecho
origina un sistema muy complejo de autorizaciones de residencia nunca vista hasta ahora que conforman un abanico que va
desde el inmigrante poco cualificado que renueva su permiso a duras penas y donde son todo trabas y obstáculos en el
camino, hasta el inmigrante altamente cualificado al que se le ofrecen ciertas facilidades para establecerse en España.
Merece, no obstante, la pena destacar los principios inspiradores de este nuevo Reglamento:
En primer
lugar, el reglamento es el desarrollo de la última reforma de la ley de extranjería, una reforma llevada a cabo en diciembre
de 2009 y que supuso una de las mayores restricciones de derechos a la población inmigrante de la historia, cabe recordar
que la reforma suponía la limitación del derecho a la reagrupación familiar, el aumento del tiempo de reclusión en los
Centros de Internamiento, el grave endurecimiento de las condiciones de acceso a la justicia gratuita o el aumento y
endurecimiento del régimen sancionador. Pues bien, ya que el reglamento supone el desarrollo de la Ley de extranjería no
hace sino apuntalar estas restricciones de derechos operadas en la última reforma.
En segundo lugar, es un reglamento
muy confuso y complejo. 266 artículos (101 artículos más que el anterior reglamento) y 25 disposiciones adicionales dan
cuenta de la extensión del reglamento. Este hecho origina un sistema muy complejo de autorizaciones de residencia nunca
vista hasta ahora que conforman un abanico que va desde el inmigrante poco cualificado que renueva a duras penas y donde son
todo trabas y obstáculos en el camino, hasta el inmigrante altamente cualificado al que se le ofrecen ciertas facilidades
para establecerse en España. El Gobierno aprovecha el actual contexto de crisis económica y no esconde su apuesta por
priorizar la contratación de trabajadores nacionales, aunque para ello deba vulnerar derechos de los trabajadores
inmigrantes.
Las diferentes situaciones administrativas que prevé el reglamento están siempre vinculadas al
mercado laboral y con el objetivo de beneficiar al los trabajadores cualificados y poniendo obstáculos a los trabajadores
menos cualificados. Lo que no entiende el Gobierno es que los motivos por lo que la gente emigra son más amplios y complejos
que las estrictas necesidades laborales de un país. Vincular las autorizaciones de residencia y trabajo al mercado laboral
es fuente de discriminación, ya que se crean categorías de inmigrantes y el ejemplo más claro lo tenemos con la llamada
tarjeta azul para inmigrantes altamente cualificados. Existirán inmigrantes con más derecho simplemente por la razón de que
se ajustan más y son más “útiles” para la economía del estado español, mientras que al resto de inmigrantes se les exigen
requisitos muchas veces imposibles de acreditar.
Preocupa que esta vinculación permanente de los derechos de
los/as extranjeros/as a los ciclos económicos, abra camino a un populismo que juegue con mensajes como “los españoles
primero” y promueva corrientes racistas en la ciudadanía y las instituciones.
En tercer lugar, el reglamento
destaca por la inclusión de nuevos conceptos jurídicos indeterminados que nadie sabe lo que son, y que producirán con total
seguridad una mayor discrecionalidad por parte de la administración. Conceptos tales como el de “esfuerzo de integración”
nos recuerdan a las políticas de extranjería de la derecha europea, como los programas de Instrucción en Holanda, o el
contrato de Integración de la Francia de Sarkozy.
La realidad es que tanto la Ley de Extranjería como su respectivo
Reglamento son instrumentos normativos que tienen como consecuencia la desigualdad legal de las personas extracomunitarias
que viven en España. Estas personas, no tienen los mismos derechos que las personas con nacionalidad española. Desde la
óptica laboralista, el régimen normativo de la extranjería constituye un instrumento idóneo para el dominio de las
trabajadoras/es extranjeras que el Estado pone en manos de la patronal, toda vez que el derecho de estos trabajadores a
permanecer y poder renovar sus autorizaciones depende en gran medida de su buena relación con su patrón, modelo que el
actual Reglamento profundiza.
Para la CGT esta norma, producirá una mayor discrecionalidad por parte de la
administración. Conceptos tales como el de “esfuerzo de integración” nos recuerdan a las políticas de extranjería de la
derecha europea, como los programas de Instrucción en Holanda, o el contrato de Integración de la Francia de Sarkozy.
Para la CGT la nueva regulación sobre extranjería es una medida más para hacer pagar la crisis a la clase
trabajadora y a los que menos tienen. Por todo ello, CGT se opone al Reglamento de Extranjería y seguirá luchando por la
defensa de los laborales y sociales de la clase trabajadora ya sea nacional o extranjera.
Gabinete
Jurídico Confederal – Secretaría de Accón Social de la CGT