El abogado del equipo jurídico de la Plataforma de
Afectados por la Hipoteca (PAH), Oscar Bolívar, ha solicitado al Gobierno la suspensión del plazo de un mes para alegar
cláusulas abusivas en los contratos, que se recoge en la Ley 1/2013 sobre la ejecución de procedimientos hipotecarios.
El letrado se ha manifestado en estos términos en una rueda de prensa ofrecida en las puertas de la Ciudad de la
Justicia de Valencia. Bolívar fundamenta la petición de suspensión de ese plazo de todos los procedimientos porque la ley
contempla que el escrito sobre cláusulas abusivas debe ir firmado por un abogado y un procurador.
Bolívar ha
apuntado que «se olvida» que cuando alguien se encuentra inmerso en una situación de no poder pagar la hipoteca, «no tiene
posibilidad de contratar a ningún letrado y tiene que recurrir a la justicia gratuita». En este sentido ha manifestado que
los plazos que recoge la nueva ley «son bastante superiores a los que el Gobierno da para plantear esa oposición» si se
recurre a la justicia gratuita.
El letrado de la PAH considera que los afectados, hasta que no tengan abogado
y procurador «están en una indefensión total». Bolívar ha recordado que «por encima de todo está la Constitución» y la ley
de asistencia jurídica gratuita establece en el artículo 16 que si un afectado solicita este tipo de justicia, «el plazo
debe suspenderse».
Además ha apuntado que es el juez de oficio el que debe decidir si el contrato de la
hipoteca tiene cláusulas abusivas o no, «teniéndolas por nulas o anulando directamente el contrato», ha agregado.
Bolívar ha señalado que este lunes el Parlamento Europeo ha comentado que mañana se aprobará un informe en el que
solicita a los estados de la UE que «establezcan la dación en pago», con lo que se impide que las personas desahuciadas
sigan pagando sus préstamos hipotecarios «para que se acabe de una vez por todas el drama social que supone perder la
vivienda».
Asesinato
El abogado de la PAH ha lamentado que «mientras, el Gobierno
sigue actuando de una manera en la que siguen habiendo suicidios». La semana pasada un hombre joven en Llaurí (Valencia) se
quitó la vida al recibir la notificación de que iban a ser desahuciado, ha dicho, y ha añadido que se trata de «un asesinato
más del que en algún momento habrá que pedir responsabilidades a quienes se han enriquecido con esta estafa».
Bolívar considera que la nueva ley y el plazo para alegar la existencia de cláusulas abusivas «constituyen un
despropósito, máxime si se tiene en cuenta que el Gobierno pretende que el plazo sea conocido con la lectura matutina del
Boletín Oficial del Estado, que como es sabido cada ciudadano español lee cada mañana», han indicado con ironía.
Un grupo de integrantes de la PAH Valencia se ha reunido ante las puertas de la Ciudad de la Justicia para denunciar «una
vez más los abusos» de un Gobierno que «bajo el paraguas de una ley que se supone que tiene que proteger a los deudores
hipotecarios, lo único que hace es proteger a la banca».
Desde la PAH han recordado que esta nueva ley «no
recoge ninguno de los mínimos» establecidos en la iniciativa legislativa popular, planteada por la PAH y apoyada por un
millón y medio de personas. «No habla de dación en pago, ni de moratoria de desahucios, ni de alquiler social», han
señalado.
Agencias