El grupo empresarial Ribera Salud formado actualmente por la compañía estadounidense Centene Corporation y el Banco de Sabadell, se ha hecho con el control total de las empresas que gestionan los hospitales de Torrevieja, Elche y Alzira, tras la compra de las participaciones que tenían las aseguradoras Asisa y Adeslas en estas concesiones. Esta adquisición parece haber sido acelerada por las elecciones, con el objetivo de blindar el negocio a estas multinacionales ante el “riesgo” de un nuevo gobierno progresista.
Eduardo Zaplana (expresidente de la Generalitat Valenciana) fue el impulsor de la privatización del Hospital de Alzira con el argumento de que la gestión privada era más eficiente que la gestión pública directa. Como necesitaba de apoyo financiero para aplicar su estrategia, recurrió a las cajas de ahorro valencianas Bancaja y Caja de Ahorros del Mediterráneo, a las que asociaron la aseguradora sanitaria Adeslas, y las constructoras Lubasa o Dragados, que constituyeron una Unión Temporal de Empresas (UTE) en 1999 para financiar, construir y gestionar el hospital de Alzira.
Posteriormente la fórmula se extendió al resto de nuevos hospitales incorporando nuevos socios (ASISA en Torrevieja, DKV en Denia; Sanitas en Manises, y ASISA en Elche).
El PP rescató la Concesión para beneficiar a Ribera Salud a costa del dinero de todos los valencianos:
Las importantes pérdidas económicas de Alzira hicieron que la Generalitat acudiera en ayuda de Ribera Salud rescindiendo la concesión administrativa en el año 2003, seis años antes de lo previsto. El gobierno de Camps indemnizó a la unión de empresas con 69 millones (43 por el hospital y 25 por lo que iban a dejar de ganar por la rescisión anticipada, pese a sus elevadas pérdidas) y sacó a concurso una nueva concesión con unas condiciones más ventajosas. Posteriormente el centro fue adjudicado (escandalosamente) a la misma UTE (con la finalidad añadida de que el proyecto sanitario del PP valenciano no fracasara). Se amplió el periodo de concesión de 10 a 15 años, se aumentó el pago por persona de 250 a 571 euros al año y se le concedió la gestión de la atención de los 35 centros de salud del área (para controlar el flujo de pacientes y rechazar a los no rentables).
En Madrid el modelo Alzira ha sido utilizado por el PP para financiar, construir y gestionar el hospital de Valdemoro, Collado Villalba, Torrejón de Ardoz y Móstoles.
Ampliando el negocio
Ribera Salud se convierte en un grupo empresarial centrado en el desarrollo de iniciativas de colaboración público-privado para gestionar la sanidad pública de gobiernos del PP, para lo que además creó la empresa Erescanner Salud que consiguió la adjudicación de las resonancia magnética de los hospitales públicos valencianos, o la ampliación de su negocio a la Comunidad de Madrid donde Esperanza Aguirre le cedió la gestión del Laboratorio Clínico que da cobertura a seis hospitales semipúblicos.
Las presiones políticas por presidir el gobierno Valenciano parece que algo tienen que ver con los intereses de la multinacional estadounidense y del banco catalán que gestionan la sanidad pública valenciana
Como se puede ver por todo lo anterior, el grupo Ribera Salud está vinculado desde sus inicios, ideológica y empresarialmente al PP, cuyos gobiernos tras rescatar con miles de millones de euros públicos a las cajas de ahorro que la integraron, la ceden ahora a una multinacional extranjera estadounidense (con mucho poder de influencia y con unas contrapartidas desconocidas) lo que abre la incógnita de lo que sucederá ahora si una alianza de partidos progresistas tras las últimas elecciones impide un gobierno popular, sobre todo teniendo en cuenta el fiasco sufrido por Ribera Salud y Centene Corporation (representado por el grupo puertorriqueño Hima san Pablo) tras la paralización de la privatización de los hospitales madrileños, que la multinacional pretende recuperar si Cristina Cifuentes es finalmente elegida presidenta.
Esto podría explicar una parte de las tensiones en la negociación del nuevo gobierno de la Generalitat Valenciana y el protagonismo en las mismas de algún nuevo partido que apuesta por la gestión privada de la sanidad y por poner fin a la universalidad de las prestaciones sanitarias dejando fuera a las personas sin posibilidades de cotización, partido por otra parte muy beneficiado por Cifuentes en las negociaciones de Madrid. Hay mucho en juego.
Manuel Martín García, Presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública