Los solicitantes
necesitan estar empadronados 12 meses para acceder al documento que bonifica el 60 % de los medicamentos.
El 31
de julio y casi de puntillas remitió el secretario autonómico de Sanidad, Manuel Escolano, una instrucción
interna a los directores gerentes de los centros sanitarios en la que se comunicaba que los inmigrantes irregulares y sin
recursos que estuvieran empadronados más de un año podrían tener acceso a la tarjeta sanitaria SIP que perdieron el uno de
septiembre de 2012, con la entrada en vigor del Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del
sistema sanitario. Esa orden interna a la ha tenido acceso Levante-EMVinforma que esta bolsa de “sin papeles” y sin medios
-que antes tenían una tarjeta específica- podrán acceder a una bonificación del 60 % en los medicamentos, por lo que solo
tendrán que pagar el 40 % del coste. El plazo para darse de alta y pedir la inclusión al sistema sanitario finaliza el 30
de octubre.
Con esta iniciativa, que se ha denominado «Programa valenciano de protección a la
salud«, se hacía eco la conselleria de la petición formulada por las 52 organizaciones sociales que integran el
Observatorio del Derecho Universal a la Salud de la C. Valenciana (Odusalud) que durante todo el año no han cesado de pedir
a la Administración sanitaria que abriera la mano para evitar los casos de vulneración del derecho a la salud que se
producen con la aplicación del decreto que dejó sin tarjeta SIP a los inmigrantes irregulares y nacionales sin recursos que
se estima que son entorno a los 15.000.
De hecho, con la entrada en vigor de este programa se pretende
«regularizar» a los ciudadanos que quedaron excluidos de la asistencia sanitaria, al ofrecerles la tarjeta SIP que perdieron
hace un año, según declaró a este periódico el doctor Carlos Fluixá, uno de los representantes de la Sociedad Valenciana de
Medicina Familiar y Comunitaria en Odusalud.
Las personas interesadas en recuperar la tarjeta SIP tendrán
que solicitarla a través de los trabajadores sociales. Uno de los requisitos será presentar una declaración jurada de que
no disponen de ingresos y que no hay terceros obligados al pago.
Los nacidos en países de la UE, Suiza y del
Espacio Económico Europeo acreditarán que no van a exportar a sus países el derecho a la prestación sanitaria.
La
nueva tarjeta SIP de adhesión al Programa Valenciano de Protección de la Salud tendrá una duración de un año y podrá
renovarse antes de que finalice su vigencia. Los titulares serán asistidos si sufren alguna de las 40 enfermedades de
declaración obligatoria (entre las que se encuentran la gripe y el sarampión, por ejemplo), infecto contagiosas como el
sida y la tuberculosis, entre otras, y los trastornos mentales. El quinto informe del Observatorio del Derecho Universal a la
Salud de la Comunitat Valenciana (Odusalud) que han elaborado 52 organizaciones y entidades cívicas recoge, al menos, 450
casos de exclusión sanitaria de inmigrantes en situación irregular, una cifra que solo muestra la punta del iceberg de las
consecuencias de la aplicación del Real Decreto de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del SNS que entró en
vigor hace un año y que significó la suspensión de las tarjetas SIP de todos los extranjeros en situación de ilegalidad en
España que podrían ser unos 800.000. A pesar de que el texto legal contemplaba que la atención en las puertas de urgencia
hospitalarias era gratuito para cualquier ciudadano independientemente de su situación legal, la realidad es bien distinta
y en algunos de los casos a las personas atendidas se les ha obligado a firmar facturas de compromisos de pago por haber
sido atendidos con un coste de 127 euros, como declaró a Levante-EMV la médico Ana Pérez Solas, voluntaria de Médicos del
Mundo, y facultativa de urgencias en un hospital público de la C. Valenciana. La especialista calificó de «muy sangrantes»
los casos de niños rumanos que se han quedado al margen de la ley y sin asistencia por la doble circunstancia de que aunque
son ciudadanos comunitarios, al no haber firmado su país un convenio sanitario con España se quedan en un limbo de
alegalidad que les excluye del sistema. No se pueden acoger al texto del Real Decreto que abre la atención sanitaria a niños
y embarazadas irregulares porque son ciudadanos de la UE, pero al no tener acuerdo de asistencia Rumanía con España si
demandan asistencia, tienen que abonarla.
*Con información de la Coordinadora Antiprivatización de la
Sanidad Pública de Madrid.