Caja
Mediterráneo iniciará de forma «inmediata» su plan de ajuste laboral, con la salida este mismo mes de los 250 primeros
trabajadores de más de 55 años que se han acogido al programa de prejubilaciones contemplado en el Expediente de Regulación
de Empleo (ERE) presentado ante Trabajo para su aplicación entre entre este año y el siguiente y que fue aprobado el pasado
jueves, según un comunicado de la entidad.
El ERE -acordado mayoritariamente con los sindicatos, a
excepción de CGT y AltaCam- afecta a 973 trabajadores y tendrá un coste aproximado de 200 millones. Paralelamente, la
entidad tiene previsto cerrar 107 oficinas este año, fundamentalmente en las zonas de expansión, que no implicarán
despidos, sino reubicaciones en otras sucursales, según aseguraron fuentes de la caja.
Este es el primer paso
dentro del proyecto de reestructuración que inicia la CAM para adaptarse en solitario a las nuevas exigencias del sistema
financiero español. El plan se sustenta en el programa de recapitalización requerido por el Banco de España para poder
acceder a los 2.800 millones que ha pedido al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob) con el fin de cumplir con
los nuevos requisitos de solvencia. El programa de negocio, que ya se presentó ante la institución que dirige Miguel Ángel
Fernández Ordóñez -al igual que hicieron el resto de cajas que necesitan recapitalizarse- contempla drásticos recortes y
desinversiones, así como un ahorro de unos 120 millones de euros anuales hasta 2015.
Salida escalonada
Según
sindicatos firmantes del ERE, como Sicam o UGT, las salidas se harán de forma escalonada en los próximos meses.
«Probablemente, los primeros compañeros adheridos al programa estarán ya prejubilados para las fiestas de Hogueras (antes
del día 24 de junio)», según apuntaba Manuel Navarro, secretario general de Sicam, sindicato con representación mayoritaria
en la caja. El ERE es el heredero del presentado con sus exsocias -Cajastur, Caja Extremadura y Caja Cantabria- durante el
proceso de fusión fría (Sistema Institucional de Protección) en el que estaba inmersa la alicantina y que acabó frustrándose
hace escasos meses.
Un expediente «heredado»
Una vez concretada la ruptura, la CAM solicitó al Ministerio
de Trabajo poder aplicar la parte que le correspondía de aquel expediente conjunto y que, como tal, había sido aprobado por
la autoridad laboral el pasado año, circunstancia por la cual la caja alicantina ya había dotado 147 millones en 2010 para
esta regulación de empleo.
Del total de 973 despidos previstos, 853 se producirán a través de prejubilaciones de los
trabajadores que se habían adherido al anterior proceso y que cumplían con los requisitos de tener 55 años en diciembre de
2010 y, al menos, 10 años de antigüedad. Estos empleados saldrán con el 80% de su salario. Las 120 extinciones de empleo
restantes se concretarán a través de bajas incentivadas, que se realizarán de forma voluntaria. Según fuentes de la entidad,
la mayor parte de las prejubilaciones -591- se producirán dentro de la red de oficinas, mientras que 201 procederán de
servicios centrales y 61 de las direcciones de apoyo a la red.
Según la directora general de Caja Mediterráneo, María
Dolores Amorós, con el inicio de las prejubilaciones «damos un paso más en nuestro proyecto sobre el que se sustenta un plan
de recapitalización que nos garantiza un futuro en términos de eficiencia, rentabilidad y solvencia, en línea con las
mejores prácticas del sector».
Cierre de una oficina en Alicante
Paralelamente, a lo largo de este año la
entidad tiene previsto cerrar 107 oficinas, fundamentalmente en las áreas de expansión. De ellas, 57 suscursales pertenecen
a la dirección territorial centro-sur (Madrid, Andalucía o Extremadura, según la división territorial de la entidad) y 27 a
la zona norte (Cataluña, País Vasco o Aragón). Y en el ámbito de implantación tradicional, se clausurarán 14 sucursales en
la territorial murciana (Murcia y Almería) -de las que nueve afectarán a Almería-; ocho en la zona de Valencia y una en la
territorial de Alicante, según los datos facilitados por la caja.
El programa de racionalización iniciado a finales
de 2007, cuando se vislumbraron los primeros síntomas de la crisis, se prolongará hasta 2012 y contempla cambios en el 25%
de la red comercial en aras de apoyar la «contención de costes y mejorar la eficiencia», según el comunicado de la entidad.
La puesta en marcha de este plan ha supuesto hasta el pasado mes de marzo la reducción en un 18% del número de
oficinas, hasta situarse en un total de 948. Y al término de su aplicación y del ajuste laboral, la CAM contará con 841
sucursales y poco más de 6.000 empleados, según fuentes sindicales.
La CAM comienza su reestructuración laboral
mientras está pendiente de recibir la inyección pública, de la valoración que se haga de la caja y de que el Frob
determine, finalmente, cuál será su participación en el capital de la entidad a cambio de concederle los 2.800 millones
solicitados. En fuentes financieras se apunta que la toma de control del Banco CAM por parte del Fondo se adelantará a
julio, pese a que Caja Mediterráneo, al igual que el resto de entidades que necesitan recapitalizarse, tiene hasta
septiembre para completar este proceso, en el que no se descarta la entrada de un socio inversor. La entidad ya ha aprobado
el traspaso de su negocio al Banco CAM para operar en el nuevo marco financiero, tras adquirir a sus antiguos socios la
ficha del Banco Base que crearon durante el proceso de fusión, ahora ya fallido.
Los sindicatos piden una reunión
sobre las clausuras
Los sindicatos ya han solicitado una reunión con la dirección de recursos humanos de la CAM para
ver cómo se articula el proceso de bajas incentivadas, así como para conocer el impacto del cierre de oficinas por
territorios, según fuentes del sindicato mayoritario Sicam. Por su parte, desde UGT-CAM, Federico Pastor, aseguraba que con
el inicio de la aplicación del ERE «se acaba con la incertidumbre que había sobre su aprobación y con la inquietud de los
compañeros que se habían adherido al expediente derivado del SIP y que estaban a punto de prejubilarse cuando, de pronto,
se rompió la alianza con las otras entidades». Tanto en Sicam como en UGT esperan que no haya más recortes de empleo, tras
la aplicación de este expediente. En CGT, uno de los sindicatos que no ha firmado el ERE, lamentan la «pérdida de empleo
que supone el expediente, con el que, además, no se garantiza del todo la consolidación de la bolsa de contratados», indicó
el secretario general de CGT, Ventura López, quien también advirtió de que otra «incertidumbre más es que no sabemos qué
consecuencias para el empleo tendrá la intervención del Banco de España».
R.C/Fuente Agencias.
animo a los currantes de la CAM, como siempre los sindicatos mayoritarios jodiendo los puestor de trabajo