Las pruebas han sido halladas entre el material incautado a los imputados por pagar sobresueldos y comprar de vehículos
El Juzgado de Instrucción 15 de Valencia, que investiga el «caso Vaersa«, ha remitido al decanato de los Juzgados la información que hay en la causa sobre las contrataciones de Vaersa (Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos) con la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias, que organizó la visita del Papa a Valencia, para que estos hechos sean investigados por otro juzgado por un presunto delito de malversación de caudales públicos y prevaricación.
En el ‘Caso Vaersa’, Instrucción 15 investiga desde junio de 2014 a dos ex directores de esta empresa pública, (Enrique Simó y Felipe Espinosa Bolaños), a la exconsejera delegada, (Ángeles Ureña), a la exdirectora de recursos humanos, Ana Bayarri y al abogado Vicente Bru, por delitos de prevaricación y malversación relacionados con el pago de sobresueldos, irregularidades en la contratación de vehículos y el pago de minutas millonarias a un abogado sin mediar contrato. La denuncia inicial la presentó ante la Fiscalía de Valencia el sindicato CGT, una organización que también denunció los excesos en el palau de les Arts, entre otros asuntos.
En el curso de esa investigación, se practicaron registros y se intervino documentación y correos electrónicos algunos de los cuales hacían referencia a la relación de Vaersa con la Fundación que organizó la visita del Papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006.
Constituye, según recoge el auto de la instructora, un «hallazgo casual» sobre hechos que pudieran ser constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos «presuntamente cometidos por las personas que firmaron dichos contratos, tanto el responsable de la empresa pública Vaersa como el de la Fundación V Encuentro Mundial de las Familias».
Se trata, según la jueza, de «hechos nuevos que no guardan relación alguna con los que inicialmente dieron lugar a la incoación» del llamado Caso Vaersa, motivo por el cual estima la petición de la Fiscalía y, de conformidad con lo indicado por la Audiencia Provincial de Valencia, acuerda enviar esa parte de la causa al decanato para que sea investigada por el juzgado de instrucción en el que recaiga por orden de reparto.
Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, fue Juan Miguel Bellver quien firmó los contratos en nombre de Vaersa en calidad de director general y apoderado. Uno de los contratos por obras que firmó Vaersa con la Fundación V Encuentro se elevó hasta los 148.000 euros y otro a 248.879 euros. Se firmaron a mediados de junio de 2006; apenas dos semanas antes de la visita de Benedicto XVI y del trágico accidente de Metro de Valencia.
En manos de la Audencia Nacional
Estas nuevas pruebas, que apuntarían al supuesto desvío de más dinero público, han aparecido durante el volcado informático que los investigadores han realizado tras el decomiso de ordenadores y dispositivos móviles de los dos últimos gerentes de Vaersa, Felipe Espinosa Bolaños y Enrique Simó, según fuentes del caso.
Un contrato entre Radiotelevisió Valenciana (RTVV) y la constructora leonesa Teconsa para el suministro de pantallas y equipos de sonorización es el hilo del que tiró la Policía Nacional para esclarecer el presunto desvío de dinero público en la visita del Papa a favor de los empresarios de Gürtel.
En concreto, Canal 9 pagó 7,4 millones de euros (IVA incluido) -es el mayor contrato de su historia- pese a que los técnicos lo valoraron en poco más de tres. A cambio, según apunta el sumario, los empresarios bajo sospecha habrían pagado hasta 500.000 euros en comisiones al ex director general Pedro García a través de un entramado societario.
Las contrataciones de la visita del Papa, que están siendo investigadas por la Audiencia Nacional, se gestionaron a través de organismos autónomos de la Administración o de la Fundación V Encuentro Mundial de las familias, integrada por el Arzobispado de Valencia, Ayuntamiento, Diputación y Generalitat. Todas las administraciones realizaron una aportación inicial de 10.000 euros y el evento se tendría que haber autofinanciado, al menos en parte, con la venta de material publicitario al millón de peregrinos que participó en el evento. Pero el presupuesto de la Fundación se disparó, superó los 20 millones de euros, y en 2014 el Consell de Alberto Fabra tuvo que absorber deudas para disolverla siete años después de la visita del Papa. Sólo en urinarios, publicidad y mochilas se gastaron hasta 14 millones de euros, según reflejan las cuentas de la Fundación.