«Llama poderosamente la atención que una productora con trayectoria profesional ofrezca un producto artístico que no está listo ni para emitir», sostiene un perito.
El exdirector general de Radiotelevisión Valenciana (RTVV) José López Jaraba se ha sentado este jueves en el banquillo de los acusados en el juicio por los contratos presuntamente irregulares firmados con la productora del ventrílocuo José Luis Moreno. Varios rostros conocidos de la última época en el poder del PP valenciano, como la exconsellera y exdirectora de la televisión pública Lola Johnson o la exdirectora general de RTVV Rosa Vidal, han declarado como testigos ante la sección cuarta de la Audiencia de Valencia. La Fiscalía no acusa a Jaraba pero la Abogacía de la Generalitat le pide una pena de siete años de cárcel y una responsabilidad civil de 1,38 millones de euros por los presuntos delitos de prevaricación, fraude y malversación, mientras que el sindicato CGT, que ejerce la acusación popular, solicita ocho años de prisión y 20 de inhabilitación.
La televisión autonómica valenciana reconoció a la productora Alba Adrática, propiedad de José Luis Moreno, una deuda de 1,7 millones de euros por la coproducción de la serie Planta 25. Al año siguiente firmó un contrato con la misma productora por la cesión de derechos de emisión de la serie De un tiempo a esta parte, por el mismo importe de la deuda. Ambos programas, según el informe realizado por la empresa Taxo, se habrían pagado por un valor totalmente fuera de mercado, en concreto con unos sobrecostes de 1,9 millones de euros.
López Jaraba ha explicado que el equipo de dirección desestimó la vía judicial para reclamar el importe inicial y optó por contratar el segundo programa «para compensar esa deuda». «Yo tenía la certeza de que ese contrato estaba perfectamente chequeado», ha defendido el exdirector general de RTVV, quien ha asegurado que tras su nombramiento creó un equipo formado, entre otros, por el director financiero y por un interventor para contrarrestar la «marejada política» y la «presión mediática» que se cernía en aquella época sobre la televisión autonómica. «Si faltaba una firma, el director general no firmaba», ha asegurado López Jaraba.
El acusado ha negado que conociese al productor José Luis Moreno y ha asegurado que se limitó a firmar un contrato que contaba con el visto bueno del interventor y de la comisión delegada de la Junta Central de Compras. López Jaraba se ha reivindicado como el «único director general de RTVV de la historia que ha aminorado la deuda de un canal público» y ha reconocido que la cadena pública, cerrada abruptamente por el Gobierno de Alberto Fabra, tenía una «crisis de reputación tremenda».
El subdirector de la cadena J. H. S. ha asegurado que los episodios de la serie De un tiempo a esta parte se emitieron a una hora intempestiva porque el contenido «no era apropiado». El testigo ha explicado que en el programa decían «Buenas noches Castilla la Mancha» (había sido emitido previamente en la televisión castellano-manchega) y ha recordado que no tenía informe justificativo alguno. Otro testigo, el exjefe de sección de coordinación económica J. M. J. O. ha declarado que las comisiones de contratación eran un «paripé» para dar cobertura a unas compras «en un intento burdo de que fuese transparente». «Nos pareció burdo y poco sutil», ha apostillado. El exresponsable económico de la cadena ha mostrado sus reservas por el hecho de que el importe de la deuda inicial y de los programas contratados fuera el mismo («en esta vida ni los gemelos son idénticos», ha dicho) y ha resumido su experiencia en RTVV: «La gestión en los 26 años fue nefasta».
La exconsellera y exdirectora de la televisión pública Lola Johnson ha defendido que se cumplió «perfectamente» el procedimiento. «Era la mejor solución que encontramos en ese momento, decidimos que era mejor esa solución, al final reporta la misma cantidad que nos debe a TVV en minutos de emisión en vez de dinero», sostiene Johnson. El técnico auditor de la Sindicatura de Cuentas, el organismo público que detectó la presunta irregularidad inicialmente, ha recordado que «ni se hizo publicidad ni hubo concurrencia». La abogada Rosa Vidal, exdirectora general de RTVV, ha declarado apenas unos minutos.
Los peritos designados por el juzgado han argumentado que «los materiales que se dicen que se han contratado [para la producción de la serie] no se corresponden con el producto final» y han dicho que «llama poderosamente la atención que una productora con trayectoria profesional ofrezca un producto artístico que no está listo ni para emitir». Otro perito de la defensa de Jaraba, que también fue contratado en el caso de los contratos con la productora Triskel, ha defendido, por el contrario, que fue «una buena compra objetivamente». Los costos pueden ser bajos pero luego los derechos de emisión se pueden vender con plusvalía, ha concluido el perito. Este viernes se celebrará la última sesión del juicio.
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