Una denuncia del sindicato Confederación General del Trabajo (CGT) sobre la adquisición y arrendamiento de 65 vehículos todoterreno por la empresa pública Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos (Vaersa) supuestamente sin contrato en 2010, que investiga la Fiscalía Anticorrupción, ha revelado que esa sociedad compró vehículos a la misma empresa que Álvaro Pérez, responsable de Orange Market, terminal valenciana de la trama Gürtel, usó para facilitar vehículos a cargos del PP como el exdirector de Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) Pedro García.
Las irregularidades denunciadas por CGT, que se basa en un informe de la Sindicatura de Comptes en el que apuntó la ausencia de licitación, se refieren a vehículos adquiridos por importe de 1,4 millones de euros por Vaersa a British Car, que pertence, según destaca el sindicato, al mismo grupo de empresas, Grupo Ibérica, que Imperauto. Con esta última empresa, según informes policiales del caso Gürtel, contrató Special Events, compañía de la trama de corrupción, un vehículo Mini Cooper que pasó por las manos de Álvaro Pérez y, pese a seguir matriculado a nombre de Imperauto, acabó usando Pedro García cuando era director general de RTVV. Tanto Álvaro Pérez como Pedro García están imputados en la instrucción sobre la red corrupta. Una instrucción que ha revelado que García fue también socio de Orange Market.
Pero además de eso, de acuerdo con la denuncia de CGT, Vaersa adquirió, ese mismo año 2010, esta vez sí con licitación pública, otros 115 vehículos todoterreno por 2,3 millones de euros, ya no a British Car sino a la propia Imperauto. CGT destaca que en ambas contrataciones, la que tuvo licitación y la que no se licitó, el consejero responsable de Medio Ambiente, y por tanto de Vaersa, era Juan Cotino, actual presidente de las Cortes Valencianas.
Por otra parte, ayer terminó el plazo para que la Agencia Tributaria entregara al juez José Ceres, del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, que instruye el caso Gürtel, un informe sobre la financiación irregular del PP valenciano. El informe incluye una adenda a solicitud de la fiscalía en la que se cuantifican los ingresos de Orange Market y otras empresas de la trama procedentes del PP de la Comunidad Valenciana; se indica si hay reflejo de esos ingresos en A o en B; se calculan “los gastos de Orange Market constatados para la prestación de servicios al PP”; se detalla la deuda del PP valenciano con empresas de la trama que se ha constatado que fue pagada por terceros, y en especial por Grupo Enrique Ortiz, Facsa, Lubasa, Sedesa y Vallalba, y se cuantifica la deuda defraudada por Orange Market en 2007 y 2008, años de campañas electorales.
Dentro de la instrucción sobre la supuesta financiación irregular del PP, el juez Ceres ha citado a declarar como testigos el próximo día 12, en su condición de coordinadores de esas campañas a nivel provincial, el vicepresidente de la Diputación de Valencia y alcalde de Moncada, Juan José Medina, el diputado autonómico Rubén Ibáñez y el exalcalde de Alcoi y exconsejero Miguel Peralta.
Publicado en El Pais