El letrado con la
minuta más elevada es Vicente Bru Parra, hermano del ex conseller socialista, que ha facturado 1,8 millones En este mismo
período la conselleria ya había acordado con la Abogacía de la Generalitat obtener asistencia jurídica por sólo 3.600 euros
anuales. LAURA BALLESTER valencia – Levante-EMV
La empresa pública Vaersa (Valenciana de aprovechamiento energético de residuos SA) ha pagado dos
millones de euros a siete despachos de abogados en seis años, desde 2006 hasta 2011, según admite la propia empresa en un
documento interno suscrito por el responsable del departamento de gestión financiera, al que ha tenido acceso Levante-EMV.
El Tribunal de de Cuentas investiga a esta empresa que depende de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente, por pagar 655.135 euros en sólo dos años a estas asesorías jurídicas privadas, sin mediar concurso público y «sin
previa formalización contractual», según desveló la Sindicatura de Comptes en los informes de 2009 y 2010, y después
denunció el sindicato CGT al órgano fiscalizador.
De todas las minutas pagadas, la más abultada es la del letrado Vicente Bru Parra, quien ha
facturado 1.831.665,25 euros a Vaersa en seis años, por todo tipo de asesoramientos jurídicos, según admitió el abogado
ayer en conversación telefónica con Levante-EMV. (Su versión sobre este asunto aparece en la pieza anexa a esta
información).
El resto de minutas,
mucho menos cuantiosas, corresponde a trabajos realizados para Vaersa por los bufetes Solo Abogados SLP (66.243,05 euros),
Rocabert & Grau Abogados (34.196,28 euros), Blasco y Civera Abogados SLP (19.910,00 euros), Martínez Morales-Martínez
Galvañ SL (18.560 euros), el penalista Javier Boix Reig (3.090 euros) -que también es abogado defensor de Francisco Camps,
Carlos Fabra y Rafael Blasco, entre otros-, y, por último, Víctor Escrig Maroto (1.299,91 euros). Todas estas cantidades
suman 1.974.964 euros que, supuestamente, se abonaron sin concurso previo y sin «previa formalización contractual», tal
como denunciaba la Sindicatura de Comptes.
A esta cantidad cabe añadir que Vaersa también abonó a la Abogacía de la Generalitat durante estos
seis años 22.964,14 euros por trabajos diversos. Se da la circunstancia que en febrero de 2006 la entonces denominada
Conselleria de Territorio y Vivienda suscribió un convenio para que los letrados de la Generalitat prestaran los servicios
de asistencia jurídica a Vaersa, a cambio de abonar 3.600 euros anuales. Como la cifra final pagada a la Abogacía de la
Generalitat supera esta última cantidad multiplicada por seis años, se deduce que Vaersa duplicó el gasto en letrados al
contar con los servicios de los abogados de la Generalitat, además de los prestaciones de los despachos jurídicos
privados.
El Tribunal de Cuentas
ha abierto un «procedimiento de reintegro por alcance por un posible descubierto producido en los fondos públicos, como
consecuencia de irregularidades en la contratación de servicios de asesoría y defensa jurídica por parte de la empresa
pública Vaersa», tras la denuncia presentada por la CGT en febrero de 2012. El sindicato exige al órgano fiscalizador que
«determine si se ha podido originar responsabilidad contable» y que «se depuren responsabilidades además de devolver el
dinero público saqueado».